A la cárcel funcionario del Saime por exigir dinero para tramitar cédulas

El Ministerio Público logró privativa de libertad para el funcionario del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), Simón Oberto Álvarez Reyes (54), por presuntamente exigir un alta suma de dinero a una pareja de colombianos a cambio de emitirles documentos de identificación venezolanos de manera irregular.

Tal situación fue detectada el pasado 11 de diciembre por la jefa de la oficina del citado ente público que opera en el sector El Limón, municipio Mario Briceño Iragorry de ese estado, quien notificó la situación a efectivos del Cuerpo de Investigaciones, Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).

En la audiencia de presentación, los fiscales 21º y auxiliar de esa jurisdicción, Rolando García y José Arreaza, respectivamente, imputaron al quincuagenario por la presunta comisión de los delitos de concusión y certificación falsa, tipificados en la Ley contra la Corrupción.

Luego de ser evaluados los elementos de convicción presentados y ante la solicitud de los representantes del Ministerio Público, el Tribunal 1° de Control de Aragua dictó la medida privativa de libertad contra Álvarez Reyes, quien fue remitido a la Subdelegación del Cicpc que está en el sector Caña de Azúcar.

La tarde del referido día la pareja de colombianos acudió a la sede del Saime ubicada en El Limón y pidió información a Álvarez Reyes respecto a un cambio de documento de identificación para obtener la nacionalidad venezolana. Ante tal solicitud, el quincuagenario le exigió a ambas personas la cantidad de 95 mil bolívares para efectuar la operación sin ningún tipo de trámites administrativos.

Poco después, las personas notificaron la situación a la jefa de la oficina de esa institución, quien de inmediato contactó a efectivos del Cicpc y denunció lo ocurrido.

Ese mismo día, los funcionarios de la policía científica aprehendieron a Álvarez Reyes en las instalaciones del Saime y lo pasaron a la orden del Ministerio Público.

Durante el procedimiento, al quincuagenario se le incautaron dos cédulas pertenecientes a dos personas con datos filiatorios distintos a los que originalmente estaban registrados en el sistema.




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