Puerto Príncipe, 9 feb (Prensa Latina) Sin Parlamento, con un Poder Judicial debilitado, acusaciones de represión política y cuestionados decretos presidenciales, Haití se acerca hoy a la crisis, incertidumbre e inestabilidad.
En los últimos dos días la nación vivió un intento de golpe de Estado y magnicidio, según denunciaron las autoridades, el retiro de tres jueces de Casación inamovibles y la instalación de un gobierno paralelo, todo un cóctel explosivo para un país de poco más de 11 millones de habitantes.
En el centro del debate se encuentra el disputado mandato presidencial de Jovenel Moïse, quien mucho antes de los hechos recientes ya enfrentaba masivas protestas contra su gestión, acusaciones de corrupción y críticas sobre la creciente violencia y el poder de los grupos paramilitares; sin embargo, permanece aupado por la comunidad internacional, en especial por la administración estadounidense.
La oposición política plural, organizaciones de la sociedad civil, federación de abogados, religiosos, e incluso el Poder Judicial, determinaron el fin de la gestión de Moïse el domingo, una fecha simbólica pues marca el aniversario de la caída de la dictadura. Él, en cambio, no está de acuerdo.
Esas fuerzas argumentan que es aplicable el artículo 134-2 de la Constitución vigente, que establece la reducción del periodo presidencial de existir problemas con el recuento de los votos, y estiman que las elecciones repetidas en 2016 son una continuación de las anuladas el año precedente por denuncias de fraude.
La lectura del gobierno es diametralmente opuesta, al resaltar que el mandatario juró en 2017 por un periodo de cinco años, una tesis compartida por otros organismos como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
Ante este escenario, la oposición desafió a Moïse y nombró a un gobierno transitorio, liderado por el más antiguo juez de la Corte de Casación, Joseph Mécÿne, quien junto a otros cinco colegas del Poder Judicial, dio por terminado el periodo presidencial.
En respuesta, el gobierno retiró a través de un decreto a tres jueces, entre ellos Mécÿne, a quien calificó de «autoproclamado» y usurpador del cargo, lo que constituye una grave violación de la Constitución y las leyes, aseguraron.
Los letrados restantes obligados al retiro son el juez Yviquel Debrézil, arrestado el domingo y acusado junto a una veintena de personas de conspiración contra la seguridad interna del Estado, además de Wendelle Thélot, quien en septiembre pasado obstaculizó la juramentación del Consejo Electoral Provisional nombrado por el mandatario.
Aunque las autoridades justificaron que no es la primera vez que el Ejecutivo despide jueces sin terminar su mandato, considerado inamovible por las leyes vigentes, las organizaciones de la sociedad civil alertan del debilitamiento del Poder Judicial, en un momento en que el Parlamento es disfuncional, por lo cual el gobierno se queda sin contrapesos.
Mientras se tensan las cuerdas del poder político, en las calles persisten las manifestaciones antigubernamentales, que si bien son menos numerosas que años recientes, se radicalizaron y reciben una imponente respuesta policial.
Todo ello en un año en que Moïse propone un controvertido cambio constitucional, lejos de alcanzar un acuerdo, y elecciones generales y legislativas, ingredientes propicios para el auge de la violencia.¡Comparte esta noticia!
