El hallazgo de los cuerpos de 21 ciudadanos venezolanos en las costas del estado Sucre, en circunstancias que aún se encuentran en proceso de investigación, ha generado conmoción en el país suramericano, que espera el pronto esclarecimiento del hecho por parte de las autoridades.
La localización de los cadáveres inició el pasado sábado 12 de diciembre, luego del naufragio de una embarcación «inadecuada» que pretendía trasladar a los tripulantes hasta Trinidad y Tobago, según informó el Ministerio de Interior y Justicia. El suceso ha motivado a la detención de varias personas por su presunta participación en actividades de «delincuencia organizada transnacional», vinculadas con el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.
¿Cómo avanzan las pesquisas?
Entre la comunidad pesquera de Güiria, en el extremo noreste de Venezuela, desde donde partieron las víctimas, hasta Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, hay cerca de 100 kilómetros de distancia. El viaje, que dura aproximadamente dos horas, contempla pasar por las denominadas ‘Bocas del Dragón’, unos peligrosos estrechos que separan el golfo de Paria del mar Caribe.
Según informaron las autoridades locales, las investigaciones preliminares apuntan a que las víctimas pretendían reunirse con sus familiares en la isla, en una embarcación que no cumplía con las condiciones de seguridad mínimas para tal viaje.
Por ese hecho, el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, informó la aprehensión del ciudadano Luis Alí Martínez, dueño de la embarcación que naufragó. Además, solicitó alerta roja internacional contra Alberto del Valle Abreu Cedeño, y emitió órdenes de allanamiento para lograr la captura de seis personas más.
La principal línea de investigación indica la posible participación de mafias trasnacionales de trata de migrantes. En ese sentido, Saab destacó que durante el año 2019 se registraron tres casos «similares» al ocurrido en Güiria, que finalizaron con la detención y el procesamiento de 17 personas.
Según el Fiscal General, los responsables de estos graves delitos «se han organizado como mafias» que «operan binacionalmente», y «están delinquiendo con total impunidad en Trinidad como epicentro del tráfico de personas hacia esa isla caribeña desde Venezuela».
De igual forma, la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades a intensificar las investigaciones, y le hizo un llamado a los ciudadanos para que «no se dejen engañar» por este tipo de redes.
«No es la primera vezque la tragedia enluta a hogares de personas que por diversos motivos caen en redes de trata y tráfico de personas, de algunas todavía se desconoce su paradero, mientras las autoridades continúan su búsqueda y mantienen las investigaciones pertinentes», agrega el comunicado de la Defensoría.
Por su parte, el canciller Jorge Arreaza extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas y ratificó «la necesidad de profundizar la lucha contra las mafias de trata de personas que promueven la ilegalidad».
Cooperación
Para Antonio González Plessmann, activista de derechos humanos y miembro del Colectivo Surgentes, estos hechos deben ser adecuadamente investigados, «más allá de este caso en particular«, y derivar en la sanción a los responsables.
González Plessmann, en diálogo con RT, denunció la existencia de «redes de trata», que captan a personas «en situación de necesidad en Venezuela con fines de explotación laboral y sexual fuera del país» y que operarían en Trinidad como «nación intermedia o de destino». «Esto debe ser un elemento a tener en cuenta en esta investigación», agregó.
De momento, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, le sugirió tanto a Venezuela como a Trinidad realizar «operaciones de búsqueda y rescate efectivas en el mar» e investigar de manera «rápida, eficaz, exhaustiva y transparente este trágico incidente».
Asimismo, instó a las autoridades de ambos países «a coordinar y cooperar para proteger la vida y la seguridad de los migrantes y refugiados», al tiempo que pidió «esfuerzos urgentes para detener a los contrabandistas y traficantes de personas», que ponen en riesgo la vida de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad.
Plesmann coincide con esa visión y afirma que las víctimas de hechos como los de Güiria no son parte de una «migración aspiracional», sino de «carácter forzado», lo que convierte al suceso en un hecho que debe ser interpretado en el marco del Derecho internacional al refugio, es decir, que se les garantice la atención como «sujetos de protección internacional» y «titulares de derecho» por parte de los países receptores.
«Estas personas no pueden, por ejemplo, ser objeto de devolución automática al país de origen. En este caso, Venezuela. Ni tampoco sancionadas por ingreso ilegal. Deben recibir atención y protección, no solo del Estado receptor, sino de las agencias multilaterales del sistema ONU», agrega el experto.
Según este activista, la comunidad internacional debe reconocer que Venezuela «ha sufrido una agresión extranjera, mediante bloqueo y medidas coercitivas internacionales, que explican, en parte, la radical precarización de la vida». En su opinión, este hecho constituye «la vulneración del derecho a la autodeterminación de los pueblos, consagrado en la Carta de la ONU, la OEA y el artículo 1 común al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
De acuerdo con la demanda de Venezuela contra EE.UU. ante la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos delitos de lesa humanidad, la economía de la nación perdió un estimado de 17.000 millones de dólares por año, como resultado de la primera ronda de sanciones económicas del 2017, y 10.000 millones adicionales producto de las aplicadas en 2019.
El impacto de estas medidas coercitivas contra la población es amplio, pero se refleja especialmente en el aumento del 31 % de la mortalidad general, entre 2017 y 2018; la disminución en las importaciones de alimentos; el incremento del índice de prevalencia de desnutrición, que pasó de 2 % en 2013 a 13,4% en 2018; y una reducción a casi la mitad del volumen de agua por habitante, según detalla el expediente entregado por el Estado venezolano para sustentar la demanda ante la CPI.
Antecedentes recientes
El pasado 26 de noviembre, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, convocó al gobierno de Trinidad y Tobago a un encuentro de trabajo para revisar temas de seguridad, movilidad humana y lucha contra la delincuencia, después de que 29 migrantes venezolanos, entre ellos 16 menores, regresaran a isla tras ser deportados y pasar horas en el mar.
Estos migrantes tocaron las playas del sur de la isla de Trinidad, el 17 de noviembre, cuando fueron detenidos por la policía. Los abogados que los asistieron introdujeron un habeas corpus para evitar la deportación, pero poco antes de realizarse la audiencia fueron expulsados.
En esa ocasión, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, denunció la utilización del caso «para fines políticos» y rechazó que se pretendiera forzar a su país asoportar la acción de traficantes de personas, bajo el argumento de que se trataba de refugiados.
Cuatro meses antes, en agosto, las autoridades de ambos países ya habían sostenido un encuentro, a solicitud de Venezuela, ya que durante el mes de julio, Trinidad expulsó a centenares de venezolanos que habían entrado al país en condiciones irregulares, en medio de la pandemia de coronavirus.
Jessica Dos Santos
Fuente: RT.
