Javier Ramos asegura que, fruto de la investigación realizada en la URJC, no hay rastro del acta, aunque su registro es obligatorio
Apenas 16 días después de una rueda de prensa para avalar toda la versión de la presidenta regional de Madrid, Cristina Cifuentes, el rector de la Universidad pública madrileña ha ofrecido una segunda comparecencia al filo de las dos de la tarde. Rodeado de su equipo rector en el salón de actos del Rectorado, Javier Ramos ha asegurado que “no consta el acta” de la defensa del trabajo fin de máster de la presidenta regional Cristina Cifuentes “pese a que su archivo en el mismo sea obligatorio, que no le ha sido remitida la memoria del trabajo “ni se puede confirmar” que la defensa del mismo haya tenido lugar.
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Ramos ha comparecido tras enviar parte de la investigación interna a la Fiscalía de Móstoles. No ha admitido preguntas y, tras su intervención, su equipo ha repartido la declaración firmada de Alicia López de los Mozos, una de las tres profesoras que supuestamente estaban al frente del tribunal de defensa del trabajo que ahora la URJC no puede constatar. López de los Mozos aseguró en su declaración: “No he formado parte ni he presidido ningún Tribunal que haya examinado dicho trabajo de fin de máster de la señora Cristina Cifuentes”.
El rector, que no ha admitido preguntas de los periodistas, ha intentado también defenderse de distintas declaraciones hechas hoy por el responsable del máster, Enrique Álvarez Conde, que ha señalado en Onda Cero que el acta que envió Cifuentes a los medios el 21 de marzo se “reconstruyó” por las presiones del rector. “La afirmación de que yo le obligué a reconstruir un acta es rotundamente falsa”, ha respondido Ramos, que estudia emprender acciones legales
“Podré haber pecado de confiar en exceso en personas que no lo merecían como quedó patente en mi rueda de prensa”, ha añadido. Ramos ha pedido disculpas por la rueda de prensa que ofreció el día 21, en la que le acompañaron tanto Álvarez Conde como el profesor de otra asignatura que fue cambiada, Pablo Chico.
UNA DE LAS PROFESORAS TAMBIÉN DICE DESCONOCER LA EXISTENCIA DEL TRABAJO
La profesora Alicia López de los Mozos, a quien se atribuye la presidencia del tribunal que supuestamente evaluó el trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes y que negó haber firmado el acta, sostiene en una carta fechada el 5 de abril que ha divulgado este viernes el rector de la URJC, Javier Ramos, la misma versión que el rector: «No tengo conocimiento de la existencia en los archivos del Instituto de Derecho Público ni del Trabajo Fin de Máster de la Sra. Cifuentes ni de ningún otro documento en relación con el mismo».
«No reconozco el contenido del acta que se ha hecho público en los medios de comunicación, ni tampoco la firma que aparece en el mismo», asegura López de los Mozos en el documento.
Ramos López insiste en que es «rotundamente falso» que él haya intentando «interferir, modificar o manipular» en el caso del máster de Cristina Cifuentes. El rector ha trasladado toda la documentación a la Fiscalía. «Desde este momento nos ponemos a disposición judicial y seguiremos con la investigación iniciada el día 21 hasta que se esclarezca toda la verdad», ha dicho.
La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró este miércoles en un pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid que defendió su trabajo final el 2 de julio de 2012 en un acto de entre 10 y 15 minutos en el campus de Vicálvaro de la Rey Juan Carlos. Pese a las dudas que generaba que, siendo delegada del Gobierno y en un día marcado por un amplio dispositivo policial para la celebración de la Eurocopa, hubiese podido ausentarse para la defensa, Cifuentes respondió dos cosas. Aseguró que el centro de control no estuvo en la Delegación, sino en la Jefatura Superior de Policía, y que, en todo caso, la defensa de su trabajo fue a primera hora de la tarde y era compatible con sus responsabilidades profesionales, porque la celebración era a las ocho o nueve de la tarde. Los futbolistas aterrizaron sin embargo a las tres de la tarde y la celebración comenzó antes de lo que apuntó la exdelegada.
El caso está ya en manos de la Fiscalía, que investiga si se ha cometido una falsificación en el acta universitaria, castigada, según el artículo 390 del código penal, con pena de prisión de tres a seis años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años por tratarse de una falsedad en documento público, oficial o mercantil si lo hubiera llevado a cabo un funcionario público.
