Según la ONU no debería tener más de 278 presos, pero hay 3.562
Se tumban para descansar, duermen en la escalera o de pie. Y el presidente, en su lucha contra las drogas, la sigue llenando
La única manera de describir la celda que ocupan los miembros de la pandillaSigue Sigue Sputnik es recuperar la imagen de un panal de abejas, con todos los animales apelotonados en torno a pequeños habitáculos.
Aunque Dennys Fernández prefiere utilizar la analogía con «una lata de sardinas» al explicar cómo suelen dormir los 10 reos con los que comparte la estancia de poco más de cinco metros cuadrados. «Unos se acuestan de lado para que otros permanezcan tendidos. En agosto era peor, porque llegamos a ser 16 y entonces había que establecer turnos en los que algunos permanecían sentados mientras otros dormían», explica.
Fue en esos días cuando tres detenidos de Quezon murieron en medio de una ola de calor, después de que un corte de electricidad inutilizara los precarios ventiladores con los que se intenta refrescar estos aposentos.
Los cubículos donde se hacinan los 373 miembros de Sputnik son producto del ingenio y la «necesidad», como añade Fernández. Los propios detenidos tuvieron que construirlos con madera y cartón para añadir espacio a un recinto incapaz de acoger a tantos ocupantes.
El cuadrilátero que dejaron en el centro, en torno a los cajones/cuarto que utilizan, es el mismo que está repleto a las 11 de la mañana de varias decenas de detenidos que almuerzan en cuclillas. Otro grupo espera a que concluyan y les dejen sitio para devorar la escudilla con un poco de arroz y algunas sardinas. «Aquí todo se hace por turnos», apunta Fernández.
El penal de Quezon, ubicado en la capital de Filipinas, puede entenderse desde dos perspectivas. Human Rights Watch (HRW) lo describió como «una imagen sacada directamente del purgatorio de Dante» y un ejemplo del «hacinamiento horrible» que afrontan las cárceles del país desde hace años.
Incluso antes de que el nuevo presidente, Rodrigo Duterte, lanzara su ofensiva contra las drogas, los penales filipinos ya eran los terceros más congestionados de todo el mundo, según un informe que difundió el Instituto de Investigación de Política Criminal de la Universidad de Londres. Ahora, como añade HRW, el hecho de que la brutal política del mandatario haya propiciado que más de 730.000 consumidores y traficantes de estupefacientes se hayan «entregado» a las autoridades los ha colocado al borde del «colapso».
«Son un verdadero infierno… donde parece que se considera a los internos como simples bestias», escribía el diario Philippine Daily Inquirer en su editorial del pasado 1 de octubre.
Pero Quezon también puede ser un referente a la hora de improvisar soluciones ante una coyuntura imposible. El centro penitenciario fue construido en la década de los 50. El complejo, dos edificaciones corroídas por la lluvia y repletas de remiendos y alambre de espino oxidado, debería acoger a 800 individuos (278 según las reglas de la ONU), pero tiene que lidiar con 3.562. «El índice de congestión es del 1.181%«, precisa Lucila Abarca, una de las carceleras.
Por eso los cautivos utilizan cualquier hueco disponible para dormir: desde los peldaños de las escaleras, a la superficie del campo de baloncesto, los pasillos o la misma capilla. La inventiva de los «inquilinos» de Quezon los ha llevado a «fabricar» camas con maderos que colocan sobre cubetas y que a su vez permiten que otra persona se tienda en los huecos que dejan los dos pilares. Otros dormitan recostados en sillas, bancos o mantas colgadas de dos esquinas.
Un gimnasio-dormitorio
Pese a tener 60 años y llevar los últimos cuatro encerrado en la cárcel de Quezon a la espera de una sentencia, Eugene Tolentino se puede considerar afortunado. Sólo tiene que compartir su celda con otros siete reos. Con ellos y con todos los artilugios que utilizan los «clientes» del gimnasio de la prisión, que por las noches también se reconvierte en dormitorio.
«Nosotros estamos bendecidos. Aquí dormimos entre pesas y banquetas, pero estamos mejor que los de afuera. Cuando llueve no pueden usar el campo de baloncesto y a veces tienen que dormir de pie. Si los jueces visitaran este lugar comprenderían por lo que estamos pasando«, declara.
Tolentino oficia como «gerente» del diminuto local, donde se cobran 10 pesos(menos de un euro) por una hora y media de uso. El dinero que recolectan lo dedican a un fondo común, un hábito que también se aplica en la peluquería, en el taller de manualidades y en las demás celdas de la prisión.
«Es la única manera de sobrevivir. El Estado sólo nos da 50 pesos (2,3 euros) para comer cada día«, afirma Tolentino.
A su lado se encuentra la «peluquería» de Benny, un transexual de 61 años, que se divide las minúsculas dimensiones del sitio con sus tres compañeros de «trabajo». «Cuando llueve [algo habitual] el agua se filtra y todo esto parece una cama de agua», dice.
El acceso a Quezon está dominado por una pintada donde se lee: «Donde nuestros errores en la vida se convierten en oportunidades para cambiar para siempre».
En realidad, la única oportunidad que el lugar semeja ofrecer a sus residentes es la de elegir la pandilla a la que desean afiliarse de las cuatro que dominan la cárcel.
Los custodios del Departamento de Gestión de Cárceles y Penales (BJMP) -responsables del control de este enclave- reconocen que la amplia mayoría de los retenidos están afiliados a grupos como Sigue Sigue Comando, Batang City Jail, Bahala Na Gang o la citada Sigue Sigue Sputnik.
«Los reconocemos por sus tatuajes. Los de Sputnik llevan un platillo volante; los de Comando, un gato; los de Bahala, un signo de interrogación y los de Batang, al Conejo de la Suerte. Los agrupamos en celdas porque mezclarlos sería un problema. Cada grupo tiene su bastonero, el jefe, que se encarga de mantener el orden», asevera Lucila Abarca.
Los guardias –poco más de 130-, totalmente sobrepasados por sus carencias, han aceptado que los cautivos gestionen a su manera la penitenciaría. Así, son ellos los que preparan su comida en cocinas comunales de barro alimentadas por maderos que generan una humareda insufrible que troca en ironía otro de los carteles de las paredes: «Esta es una comunidad de no fumadores».
Sin lugar para guardar sus pertenencias, los presos han desarrollado un sistema de cajas y bolsas que amarran a los barrotes y hacen las veces de taquillas «colgantes». Lo mismo que su colada, que aparece suspendida de cualquier saliente.
La congestión ha hecho proliferar enfermedades como la tuberculosis, que según los informes del Departamento de Estado de EEUU mata a cientos de reos cada año. En Quezon, casi un centenar de enfermos permanecen aislados en otra dependencia.
«Lo más triste es que en este ambiente resulta inimaginable pensar en una nueva vida o en cambiar», refiere Noel Dellosa, de 38 años y que lleva tres en esta prisión.
«Yo estuve seis años en la cárcel de Manila [otra prisión capitalina] y esto es mucho peor. Allí al menos había lugar para moverse. Aquí no puedes dejar de chocarte con gente. Es asfixiante», le secunda Dennis Fernández, de 48 años.
Aunque los reclusos conceden que existe una «coexistencia pacífica» con los guardias -que recorren el lugar sin armas-, los disturbios no son algo extraño en la cárcel. El último, que se produjo en mayo de 2014, dejó tres muertos y más de 15 heridos.
«La carencia de personal y medios nos lleva a tener que usar en ocasiones el transporte público para llevar a los detenidos a los juicios, o a usar técnicas como esposarles de dos en dos, con los brazos cruzados, para evitar que huyan», relataLucila Abarca con tono resignado.
Como ocurre en la propia prisión de Quezon, donde la inmensa mayoría son detenidos a la espera de juicio, entre el 85 y el 90% de los más de 94.000 reos filipinos permanecen encerrados sin condena firme, según los datos del BJMP. Una crisis absoluta reflejo de todo un sistema de justicia debilitado «por décadas de intromisión política, corrupción y falta de recursos», denuncia el abogado y defensor de los derechos humanos José Diokno.
Las carencias de los penales filipinos frente al asalto gubernamental contra el negocio ilegal de estupefacientes son extensibles a los centros de rehabilitación de toxicómanos del país, que sólo cuenta con 45 instituciones de ese tipo, 18 de ellas estatales, y una capacidad máxima de 5.000 pacientes.
Aunque los aliados parlamentarios del presidente intentan aprobar un nuevo plan legal que destinaría más de 3.000 millones de pesos (55 millones de euros) a la construcción de nuevas instalaciones destinadas a recuperar a los toxicómanos, Duterte y su cohorte parecen preferir la represión de este azote, minimizando el papel de la reinserción de los adictos bajo la premisa de que «no es viable su rehabilitación», en palabras del mandatario, que llegó a cuestionar incluso si estas personas eran realmente «seres humanos».
Una «solución final» nazi
Más explícito fue todavía Teodoro Locsin Jr, su nuevo representante diplomático ante Naciones Unidas, que en un tuit dijo «no a la rehabilitación». «La amenaza de la droga es tan grande que necesita una Solución final como la que adoptaron los nazis», añadió.
Al igual que en la prisión de Quezon, la avalancha de recién llegados al Centro de Rehabilitación Bicutan en Manila ha impulsado a la dirección del complejo a expandir sus instalaciones, totalmente desbordadas. «Nuestra capacidad es de 550 pacientes y tenemos 1.428», asegura el doctor Bien Leabres, portavoz de este emplazamiento.
Aquí conviven desde niños de 10 años a «veteranos» de 70. Cuadrillas de obreros se afanan en la construcción de nuevos dormitorios para los «novatos» de la «familia» -así se denominan entre ellos-, varios de los cuales se encuentran reunidos en una sesión de terapia colectiva en la que relatan su caso.
La amplia mayoría no oculta que han solicitado asistencia por miedo a terminar con un tiro en la cabeza en medio de la «guerra» de Duterte contra las drogas. «Es cierto que muchos vienen empujados por el miedo y ese es mal comienzo. Pero depende de nosotros que les hagamos comprender que el verdadero peligro son las drogas», presupone Leabres.
Una hipótesis de la que dudan hasta los guarismos oficiales, que establecen que bajo estas circunstancias el índice de éxito de estos programas de recuperación sólo alcanza el 24%.
«Al salir, la mayoría regresa a las drogas», menciona V. M., un drogadicto que lleva un mes en Bicutan.
Santiago Bilbao, un filipino con nacionalidad española de 30 años, que lleva 14 usando metanfetaminas, relata que su familia ha decidido que tras los seis meses que deberá pasar en Bicutan le enviarán a otro centro privado. «Se trata de evitar el caos de ahí fuera [se refiere al exterior del centro]. No quieren que me maten», razona.
Una tesis que compartía hasta la agente Lucila Abarca en Quezon: «Se están rindiendo porque aquí se sienten seguros, pero después regresarán a la droga».
