Los cazadores pueden disparar sus armas en las abundantes zonas asfaltadas del rural gallego por las que circulan vecinos y autobuses escolares.
La Lei de Caza aprobada por la Xunta que entró en vigor el año pasado es más permisiva que la anterior, que prohibía la actividad cinegética en todas las vías públicas y limitaba esta práctica a senderos poco frecuentados y siempre que las condiciones de seguridad lo permitiesen. La Consellería de Medio Ambiente, cuando estaba dirigida por Agustín Hernández, introdujo una modificación en este aspecto y prohibió solo la caza en las carreteras “debidamente señalizadas”, en las que no se incluyen las vías de acceso asfaltadas a las viviendas en las aldeas. El Valedor do Pobo ha instado ahora a este gabinete de la Xunta —a petición de la organización ecologista Matar por Matar, Non— a que modifique la normativa para garantizar la seguridad de los vecinos. La consellería se comprometió a hacerlo en el plazo de un mes, ya superado, a través de un reglamento.
De momento, los cazadores pueden “disparar, portar armas cargadas y cazar en carreteras asfaltadas” cuando estas no estén señalizadas como vías nacionales, provinciales o comarcales. Una autorización legal que en opinión del Valedor do Pobo supone un “grave riesgo” para la vida de los vecinos de numerosas aldeas gallegas. Sostiene el presidente de esta institución que la práctica totalidad accede a sus viviendas por caminos asfaltados que no cumplen ese requisito de la señalización.
Atendiendo a la queja presentada en esa institución por Matar por Matar, Non, el Valedor ha recomendado a Medio Ambiente que desarrolle una norma en la que consten las vías públicas como zonas de seguridad a efectos cinegéticos, al tiempo que le ha reclamado que impulse un procedimiento para que se pueda declarar un terreno “no cinegético”.
La agrupación ecologista entiende que con la nueva ley, la Xunta sucumbió a las “presiones del poderoso lobby de la caza y de la influyente federación gallega” a costa de exponer a un “grave riesgo” a la población; máxime, considerando que con la más restrictiva normativa anterior se produjeron ya numerosos accidentes, “con muertes de paseantes por disparos de cazadores”. “Creemos que nuestra seguridad no puede estar en riesgo mientras el legislador tarda más o menos tiempo en publicar dicho reglamento”, sostiene el presidente de este colectivo ecologista, Julio Fernández, que alerta del riesgo de que la Xunta “olvide” aplicar las restricciones a esta peligrosísima norma.
En declaraciones a este diario, Medio Ambiente, dirigida ahora por Ethel Vázquez, asegura que está trabajando en el reglamento que desarrollará la nueva ley y precisa que aunque esta “mejora sustancialmente” la normativa anterior en lo que respecta a las zonas de seguridad, “es necesario regular más detalladamente este aspecto”. La consellería no ofrece una fecha de entrada en vigor de este texto aunque afirma que espera aprobarlo “lo antes posible”. Mientras el reglamento se demora, Fernández pide a la Xunta que imparta instrucciones al Seprona “para que impida tan mortal práctica” en estas zonas.
