La Audiencia de Barcelona ha condenado a penas que oscilan entre los dos y los siete años y medio de cárcel a una trama de funcionarios de prisiones y policías locales corruptos a las órdenes de un narco. Los siete procesados, entre los que figuran dos policías locales y dos funcionarios de prisiones, están acusados de intentar introducir droga en la celda de un preso para perjudicarle y de facilitar a la red información que obtenían por su condición de agentes de la autoridad.
Uno de los condenados es Manuel B., un presunto narcotraficante que está siendo investigado por pagar supuestamente sobornos al subinspector de la comisaría de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) José R. a cambio de colaboración. La investigación del caso, conocido como «Macedonia», acabó derivando en la imputación de otros seis mossos d’esquadra, entre ellos el subinspector Antoni S., acusados de ocultar al juez indicios que vinculaban con el tráfico de drogas a Manuel G.C., que el magistrado sitúa en la cúspide de la red de narcos.
Las gestiones corruptas
En su sentencia, la sección octava de la Audiencia sostiene que en agosto de 2010 el presunto narco Manuel B. contactó con el funcionario de prisiones Alfonso C., que se encontraba de baja por enfermedad desde 2009, para que a cambio de dinero ideara un plan para introducir un paquete de droga en la celda de un interno de la cárcel de Brians I. Con esa artimaña la red pretendía que el preso fuera privado de permisos penitenciarios y condenado por tráfico de drogas dentro de la cárcel, aunque la investigación no ha podido constatar que se haya abierto expediente alguno al recluso por intervención de estupefacientes.
El funcionario Alfonso C. contactó con los también funcionarios de prisiones José Ramón F. -exsecretario general del sindicato CSIF en Cataluña- y Clemente P., para que colocaran la droga aprovechando la facilidad de movimientos que les daba su trabajo, lo que el tribunal cree probado en base a las conversaciones telefónicas intervenidas.
Los agentes de la trama
La sentencia condena además a dos policías locales de Badalona, (Barcelona), Javier S. y Jaime G., por cobrar 500 euros cada uno a cambio de efectuar gestiones para identificar a dos individuos a los que la red de narcos quería localizar. Los agentes, sostiene el tribunal, «efectuaron múltiples gestiones», entre ellas entrar al sistema de identificación policial para consultar datos de carácter personal y antecedentes de varias personas, y además extrajeron fichas policiales del mismo y efectuaron seguimientos y vigilancias.
En uno de esos seguimientos, los procesados se hicieron pasar por policías de inmigración y mostraron fichas policiales extraídas de los ficheros del SIP a la propietaria de una panadería de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para sacarle información sobre el paradero de las personas que intentaban encontrar, tras fingir que buscaban a un individuo peligroso. De hecho, en una entrada y registro practicada en noviembre de 2010 en el domicilio de los agentes, se encontraron dos informes con datos de las dos personas a las que les habían encargado localizar, así como fichas policiales con fotos de otros detenidos.
