La fiscalía guatemalteca le imputó ayer al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina y a su exvicepresidenta Roxana Baldetti de ser los jefes de una megaestructura que cooptó el Estado con el fin de lavar dinero para financiamiento ilícito y beneficio propio.
El caso denominado «la cooptación del Estado» acusa a 70 personas, entre exfuncionarios, empresarios y particulares, de haberse coludido para saquear las arcas del estado.
La estructura «estaba dedicada a cometer varios ilícitos entre ellos el financiamiento ilícito, cohecho y lavado de dinero», dijo el fiscal Julio Barrios Prado a Pérez Molina frente al juez.
La fiscalía dijo que para cometer estos hechos Pérez Molina se unió al Partido Patriota, quién lo llevó a la presidencia en 2012, y que para ello recibió millones de quetzales en efectivo y a través de sociedades anónimas como financiamiento ilícito, dinero al cual le daban apariencia de legalidad.
«Ese dinero sirvió para comprar bienes y servicios para usted y Baldetti entre propiedades inmuebles y vehículos de lujo, así como regalos por 33 millones de quetzales (unos 4,3 millones de dólares)», dijo el fiscal.
El fiscal le imputo varios montos que pasan los 40 millones de quetzales (5,2 millones de dólares), los cuales eran parte de comisiones ilícitas que habría recibido Pérez Molina y que repartió con Baldetti y el ex secretario privado de esta Juan Carlos Monzón.
Hoy Monzón está preso, y como colaborador de la fiscalía delató como estaba conformada la estructura y como se repartieron el dinero.
Hasta hoy la fiscalía le ha acusado Pérez Molina de participar en dos casos uno denominado «la línea» en el cual una estructura defraudó al estado a través de recibir sobornos de empresarios con el fin de que estos les ayudaran a evadir impuestos y el segundo denominado «la cooptación del Estado» de donde se han desprendido hasta hoy al menos tres acusaciones de diferentes hechos de corrupción, dijo a la Associated Press el fiscal Juan Francisco Sandoval.
Por las acusaciones de La línea, iniciadas en abril de 2014, Pérez Molina tuvo que renunciar al cargo de presidente, así como su exvicepresidenta Roxana Baldetti.
En el cuarto día de audiencias la fiscalía terminó la imputación de 57 de los 70 acusados que habrían participado de la estructura.
Durante los cuatro días de audiencia seis personas que eran prófugos de la justicia se entregaron a las autoridades, quienes fueron imputadas y enviadas a prisión, entre ellos los banqueros Flavio Montenegro ex directivo del Banco G&T Continental y Fernando Peña, también ex presidente del Banco de Desarrollo Rural, Banrural, así como la asistente de Baldetti, Daniela Beltranena.
El jueves la fiscalía también acusó a Baldetti de los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, cohecho pasivo y activo. La fiscalía dijo que Baldetti se dedicaba a cometer varios ilícitos desde 2009 hasta abril de 2015 entre ellos recibió al menos 290 millones de quetzales (unos 37.9 millones de dólares) en concepto de comisiones ilícitas de por lo menos 70 contratos de obra pública.
La fiscalía dijo que el dinero habría ido a parar a la compra de joyas, ropa, pago de empleados, pago de tarjetas de crédito, viajes y regalos. El ente investigador dijo que en allanamientos encontró evidencia de que Baldetti en un viaje a Florida pagó más de 27.000 dólares en zapatos y ropa de marcas como Jimmy Choo, Hermés y Alexander McQueen.
