República Dominicana acogerá en una semana la Asamblea General anual de la Organización de Estados Americanos (OEA) en uno de sus momentos más convulsos de los últimos años, con Venezuela en crisis y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al borde del abismo.
Cuando hace un año República Dominicana se ofreció a ser sede de la Asamblea en 2016 la OEA estaba en un momento muy diferente: empezaba la etapa de un nuevo secretario general, Luis Almagro, con armonía y promesas de renovación para ganar relevancia frente a otras alianzas regionales en ascenso, como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Doce meses después, la OEA no ha cambiado apenas, pero sí lo ha hecho su secretaría general: Almagro ha demostrado ser un líder atípico dispuesto a posicionarse sobre los asuntos más divisores del continente, como la crisis de Venezuela o el proceso de destitución de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
La iniciativa y el empuje de Almagro ha puesto en una situación incómoda a los Estados miembros, acostumbrados a la cautela diplomática y al perfil bajo en los que la organización ha estado instalada durante años. Las últimas asambleas, salvo la que en 2009 anuló la expulsión de Cuba, han sido el paradigma de una OEA de declaraciones abstractas que salvo contadas excepciones no han pasado del papel.
