El gobierno colombiano y las FARC anunciaron ayer en La Habana una serie de mecanismos para blindar el proceso de paz entre las partes.
Por eso el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto De la Calle, expresó que «toda negociación entre un Gobierno y una guerrilla enfrenta el mismo problema: un acuerdo de paz es un acuerdo político. Requiere de medidas adicionales para darle solidez y estabilidad en el tiempo».
Los delegados de Cuba y Noruega, países garantes del proceso de negociación, leyeron un texto en el que quedó claro que los puntos acordados en la mesa de negociación, una vez se firme la paz y se surtan trámites en el Congreso, tendrán rango constitucional.
El objetivo de lo acordado el jueves, según los delegados de los países garantes, es «asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y para dar garantías de cumplimiento de dicho Acuerdo Final, tanto conforme al derecho interno colombiano como conforme al derecho internacional».
En reiteradas ocasiones las partes han expresado inquietudes de que eventualmente con el tiempo los acuerdos que se firmen en la isla puedan ser, por ejemplo, objeto de modificaciones por gobiernos colombianos venideros.
De la Calle insistió que, aunque aún no ha sido acordado por las partes, el proceso de paz con la guerrilla incluye una refrendación popular, tal como lo dijo el presidente Juan Manuel Santos cuando anunció el inicio de la negociación en 2012.
En concepto del jefe negociador, «tanto el Gobierno como las FARC comparten una idea crucial: la mejor forma de garantizar la vigencia de los Derechos Humanos e impedir nuevas violaciones a causa del conflicto interno es poner fin al mismo. Lo que buscamos en La Habana es terminar la guerra» porque ese «es el mejor modo de garantizar los Derechos Humanos de los colombianos».
El funcionario hizo hincapié en que el Acuerdo Final ocupará un lugar privilegiado en el marco constitucional toda vez que ingresará al llamado bloque de constitucionalidad en sentido estricto y con carácter transitorio. Es decir, según sus palabras, servirá como parámetro de constitucionalidad para el desarrollo y la interpretación de las normas de implementación de los acuerdos.
De acuerdo con el abogado constitucionalista Juan Carlos Moncada, lo acordado en la jornada en la capital cubana equivale a «otorgar a los papeles de La Habana la misma jerarquía normativa de nuestra Constitución…».
Pero para llegar al objetivo de lo acordado por las partes en Cuba, advirtió Moncada a The Associated Press, es necesaria una reforma constitucional que podrá ser tramitada en el Congreso.
En tanto, el congresista Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, calificó el acuerdo del jueves como «una decisión muy trascendental porque implica nada menos que los acuerdos de paz de La Habana van a quedar a salvo de cualquier tipo de modificación que se les quiera introducir».
En diálogo telefónico con la AP, el parlamentario enfatizó en que «ha quedado resuelto, ni más ni menos, el problema de la estabilidad jurídica de los acuerdos» de paz. Desde la otra orilla, sin embargo, el Centro Democrático, el movimiento político del ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010), objetó lo anunciado desde Cuba.
«El anuncio de un acuerdo entre el Gobierno y las Farc para elevar a la categoría de acuerdo especial los acuerdos de La Habana es un Golpe de Estado a la democracia colombiana», aseguró en un comunicado el Centro Democrático, que siempre ha expresado su desacuerdo con el proceso de paz.
Los congresistas uribistas invitaron de nuevo «a la resistencia civil» porque, dijeron, con lo acordado en Cuba se está desconociendo el derecho de los colombianos a decidir por ejemplo si los guerrilleros de las FARC deben ir o no a la cárcel.
Desde fines de 2012, la administración de Santos y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) adelantan en Cuba un proceso de paz para tratar de poner fin a más de 50 años de confrontaciones entre las partes.
Hasta ahora las delegaciones negociadoras han llegado a acuerdos en temas clave como una reforma agraria en el país, la participación en política de los guerrilleros, la lucha frontal contra el narcotráfico, resarcimiento a las víctimas y la justicia transicional, como se conoce la forma en que los autores del conflicto armado en Colombia pagarán por sus crímenes.
De la Calle insistió en que en la mesa se sigue trabajando en temas álgidos como el cese bilateral del fuego, la dejación de las armas por parte de los insurgentes y las zonas de ubicación transitoria para los guerrilleros.
