El Gobierno eleva las indemizaciones por muerte en carretera un 50%

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Madrid.-El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley que reforma el baremo de indemnizaciones que reciben las víctimas un accidente de tráfico. Según ha explicado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el texto actualiza el sistema para calcular las compensaciones. El Ejecutivo estima que esta iniciativa elevará las indemnizaciones por muerte una media del 50% y por secuelas un 35%. «Se incrementa así la protección a las víctimas», ha afirmado el miembro del Ejecutivo, que ha reconocido que las prestaciones concedidas en España se «habían quedado por debajo de las otorgadas en los países de nuestro entorno».

Con esta medida, el Ejecutivo da respuesta a antigua demanda de las asociaciones de víctimas, que denuncian desde hace años el desfase del baremo —en vigor desde 1995— y que algunos colectivos se encontraban desamparados: como las amas de casa, que no reciben indemnización por perjuicio económico, y a los niños atropellados que no cruzaban por un paso de cebra.

Catalá ha detallado durante la rueda de prensa posterior al Consejo que, cuando entre en funcionamiento el nuevo proyecto de ley, las amas de casa pasarán a estar cubiertas. «Y se favorecen también los acuerdos extrajudiciales», ha remachado el ministro, que ha incidido que el Ejecutivo espera que el Congreso apruebe esta iniciativa «en este periodo de sesiones». «Para que pueda tener así una aplicación inmediata», ha remachado el titular de Justicia.

De hecho, el Parlamento aprobó hace poco una proposición no de ley —respaldada por PP, PSOE, CiU y PNV— que solicitaba al Gobierno esta reforma para adaptar el sistema a los principios de «indemnidad, vertebración y objetivación». El objetivo, según expusieron los diputados, pasa por estructurar unas tablas de compensaciones de fácil aplicación, que fomente la rápida resolución de los conflictos y se evite las reclamaciones judiciales.

Este nuevo baremo nace tras conformarse una comisión de expertos, compuesta por integrantes de las asociaciones de víctimas, aseguradoras y representantes del ámbito universitario.




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