Los expertos de la CIDH que investigan el caso Ayotzinapa insistieron en la necesidad de que la Fiscalía mexicana estudie el traslado de drogas en uno de los autobuses tomados por los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 como móvil del ataque «brutal» a los jóvenes.
«Esta hipótesis sigue sin ser explorada en profundidad», señalan los expertos en el segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el que resaltan la necesidad de «investigar si se están cometiendo falsedades o se está pretendiendo engañar a la Justicia» en relación a este autobús.
En el documento presentado hoy en la capital mexicana, se resalta que la petición a EE.UU. de asistencia jurídica en relación al tráfico de heroína entre Iguala y Chicago a través de autobuses de pasajeros no se hizo hasta febrero pasado de manera correcta.
Dicha demora impidió «que información fundamental sobre el modus operandi de Guerreros Unidos en el trasiego de heroína se incorporara a la investigación», apunta.
Además, el GIEI advierte que la identificación plena de un quinto autobús tomado a la fuerza por los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014 y en el que cree pudo haber droga escondida «no se ha realizado de forma conveniente».
Los testimonios de los 14 ocupantes de ese autobús, que no fue atacado como los otros, «son coincidentes entre sí, con un relato contrastado y coherente en entrevistas tomadas en tiempos y con normalistas diferentes», y divergen de la versión de la empresa de transporte de que la unidad hizo un recorrido con normalidad.
El informe alude al surgimiento de una nueva versión de lo ocurrido después de que el GIEI rechazara el 6 de septiembre pasado la llamada «verdad histórica» del caso, según la cual los 43 jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, vecino a Iguala.
Un día después un alto funcionario del Gobierno aseguró por primera vez que en ese lugar fueron quemados solo algunos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Gildardo López Astudillo, detenido a mediados de septiembre de 2015, declaró que los jóvenes fueron separados en dos grupos: unos fueron entregados en Lomas de Coyote y otros llevados a un rancho donde se «los cocina y se hacen agua».
Varios de los detenidos por el caso identifican a López Astudillo, alias el «Gil» y uno de los jefes del cártel Guerreros Unidos, como la persona que ordenó la desaparición de los jóvenes.
Tras su arresto, aseguró que el cártel no utilizaba autobuses para trasladar drogas, como respondiendo a lo señalado por el GIEI en torno esa hipótesis como móvil de ataque.
Este es el único detenido que el grupo de expertos logró entrevistar en la segunda parte de su mandato, que comenzó en noviembre pasado y terminará el próximo sábado.
En las dos oportunidades que lo entrevistó, el Gil «negó todos los hechos referidos en su declaración y denunció que había sufrido torturas», algo que los expertos comprobaron tras analizar los exámenes médicos que le practicaron.
El GIEI denunció que en esta segunda parte no pudo reentrevistar a detenidos, algo que consideraba clave para quebrar los «pactos de silencio entre los perpetradores» y «tener más elementos de verdad sobre lo sucedido».
El Gobierno tampoco le permitió entrevistar a autoridades estatales y a los militares del batallón con sede en Iguala que presenciaron los hechos, les negó la entrega de bitácoras, vídeos y fotografías de esa noche y postergó diligencias solicitadas por el grupo.
Los expertos denunciaron pérdida de pruebas, alteración de escenas y destrucción de evidencias, además de una mayor fragmentación de la investigación del caso y la intromisión en el caso de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
En su informe, el GIEI pide a las autoridades reconocer «que no se previó la connivencia entre autoridades municipales y crimen organizado» pese a las pruebas de ello y que había muestras de la implicación de otros actores, así como «los graves errores cometidos en la investigación».
