La Justicia española anunció ayer la apertura de un juicio a ocho exdirectivos de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) acusados de estafa y falsedad documental, entre otros delitos, y les impuso una fianza de 1.592,4 millones de euros (1.812,18 millones de dólares al cambio actual).
Los acusados disponen de 24 horas para depositar la fianza que solicita el fiscal, que atribuye a los ocho antiguos miembros de la cúpula de esa entidad financieros los delitos de estafa continuada agravada, falsedad documental, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil en 2010 y 2011.
El fiscal agrega delitos específicos en función del papel desempeñado en la caja por cada uno de los ocho acusados, aunque solicita el sobreseimiento provisional de la causa contra el expresidente de la entidad Modesto Crespo.
Para los ocho acusados, el fiscal solicita entre diez meses y nueve años de prisión, y multas de entre 9.000 y 180.000 euros (de unos 10.242 a 204.844 dólares) a cada uno.
La acusación popular, por su parte, eleva la petición de penas a dieciséis años de cárcel para cada uno de los ocho acusados, y solicita que éstos indemnicen a los demandantes con 19,1 millones de euros (unos 21,74 millones de dólares).
La Justicia investiga a la antigua cúpula de la CAM por esconder la crítica situación de la caja en beneficio propio y cobrar indebidamente 47,3 millones de euros en retribuciones.
Uno de los focos del problema fue la emisión de un producto conocido como cuotas participativas de la CAM y su venta a pequeños inversores.
Ese producto se empezó a emitir en 2008 y se colocó a 55.000 pequeños inversores, y a través de su venta la entidad obtuvo 292 millones de euros.
En diciembre de 2011, las cuotas participativas dejaron de tener valor y se suspendió su cotización en bolsa.
