En el ejercicio 2014, la Diputación de Bizkaia, ha descubierto un total de 523,8 millones de euros en fraude fiscal, un 12% más que el año anterior, con 748.756 actuaciones. Además, se ha intercambiado con otras administraciones tributarias más de 79 millones de datos.
Los datos se recogen en el informe 2014 que el diputado foral de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, presentó este viernes en las Juntas Generales, y que recoge las actuaciones más importantes que su departamento realizó el año pasado en la lucha contra el fraude fiscal. De hecho, sus resultados han servido de base de planificación de las nuevas directrices de lucha contra el fraude fiscal para este ejercicio, directrices que han sido aprobadas recientemente y publicadas en el propio Boletín Oficial de Bizkaia.
En 2014, según Iruarrizaga, se intensificaron las actuaciones, tanto en la obtención de información y realización de nuevos convenios con otras administraciones y organismos con responsabilidad tributaria, como en las actuaciones preventivas y de regularización y cobro. Todo ello con especial incidencia en sectores económicos de elevado riesgo fiscal, como profesionales liberales y sectores de actividad especialmente favorecidos en períodos de crisis económica, entre otros.
Iruarrizaga subrayó que estos 523,8 millones de euros «superan todo el presupuesto del presente año de la Diputación en Acción Social o en Obras Públicas y Transportes, y casi siete veces el correspondiente a Promoción Económica.»
La mayor parte procede de las actuaciones por IVA, con un total de 303,9 millones de euros, seguido de Sociedades con 91,2 millones de euros y en tercer lugar IRPF con 84,6 millones de euros.
Además, anunció que se han remitido a la Fiscalía 13 delitos y que han adquirido firmeza otras cinco sentencias condenatorias, al tiempo que los tribunales han condenado a los responsables de estos delitos a penas de prisión cuya suma total alcanza los 13 años. Las cinco sentencias condenatorias fijan una cuantía en concepto de responsabilidad civil de 2.346.983 euros y de 1.155.009 euros en concepto de intereses.
A su vez, los tribunales han ordenado la ejecución de varias sentencias condenatorias, mediante la práctica de liquidaciones por importe de responsabilidad civil de 6.905.323 euros y por 3.011.072 euros en concepto de intereses, cantidades de las que se han cobrado en este año pasado 5.680.838 euros.
