Líderes políticos, legisladores y organismos defensores de los derechos humanos alzaron su voz ayer contra la condena a 13 años y nueve meses de prisión del dirigente opositor venezolano Leopoldo López.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, expresó en un comunicado «gran preocupación por la naturaleza política del proceso judicial y el veredicto y el uso del sistema judicial venezolano para reprimir y castigar a los críticos al gobierno».
El vocero de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el líder fue condenado por «cargos de motivación política» y exhortó al gobierno de Venezuela «a liberar al señor López y a todos los presos políticos».
La canciller venezolana Delcy Rodríguez rechazó esos comentarios, y expresó que Estados Unidos con «su intromisión insolente, ha pateado los tímidos pasos avanzados para una regularización de relaciones bilaterales».
«Exigimos al gobierno de EE.UU respeto y no entrometerse en los asuntos internos de Venezuela, ni perturbar La Paz en nuestra Región», afirmó Rodríguez en un mensaje de su cuenta de Twitter.
El presidente venezolano Nicolás Maduro también realizó cuestionamientos contra Estados Unidos, y dijo durante un acto en el palacio de gobierno que «hay indicadores graves desde Washington de amenazas contra la soberanía de Venezuela otra vez».
Por su parte, Amnistía Internacional dijo que López fue sentenciado sin ninguna evidencia creíble, lo que demuestra «la absoluta falta de independencia e imparcialidad judicial en Venezuela» y exigió su inmediata liberación.
«Los cargos contra Leopoldo López nunca fueron adecuadamente sustanciados y la sentencia de prisión en su contra tiene una clara motivación política. Su único ‘crimen’ es ser líder de un partido opositor», dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía para las Américas.
Human Rights Watch sostuvo que el juicio contra López y otros tres jóvenes no ofreció pruebas que los relacionara con un delito.
«En un país que carece de independencia judicial, un juez provisional acusa a cuatro personas inocentes tras un juicio en el que la Fiscalía no presentó pruebas básicas que las relacionasen con un crimen y, además, a los acusados no se les permitió defenderse de forma apropiada», dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas del organismo.
López, de 44 años y dirigente del Partido Voluntad Popular, fue condenado por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, incendio intencional y daños a la propiedad pública durante las violentas protestas en Caracas de febrero del año pasado en las que murieron 44 personas y cientos resultaron heridas.
En Colombia, dos exmandatarios se manifestaron enérgicamente contra la condena. Álvaro Uribe, enemigo acérrimo del presidente venezolano Nicolás Maduro, escribió en su cuenta de Twitter que «el chavismo se robó a Venezuela (Boliburgueses) y condenan a Leopoldo, qué infamia». Agregó que «la esperanza de libertad de Leopoldo está en los días contados que le quedan a la tiranía».
Andrés Pastrana, quien en varias oportunidades intentó sin suerte visitar a López en la prisión de Ramo Verde, dijo telefónicamente a The Associated Press que sentenciarlo «es condenar la libertad de expresión, criminalizar la oposición y enterrar la democracia».
Opinó que «quedó claramente demostrado que en Venezuela no hay una democracia y hay un Poder Judicial absolutamente sometido al gobierno que, sin una prueba… condenó a un inocente».
En Uruguay, el senador del opositor Partido Colorado José Amorín dijo en su cuenta de Twitter que «en Venezuela siguen matando y encarcelando opositores. Niegan libertad y justicia. Y muchos acá miran para el costado».
En tanto, Fernando Amado, diputado del mismo partido, expresó en esa red social su «enfática condena al proceso de quiebre democrático que está viviendo Venezuela. Quien no lo haga será cómplice».
Venezuela Awareness, una organización liderada por la abogada venezolana Patricia Andrade que desde Miami brinda asesoría legal a quienes considera presos políticos en su país, dijo que la sentencia «es otra violación a la constitución en un país que mantiene una cortina democrática dando apariencia de aplicar justicia cuando sus jueces cumplen órdenes giradas desde el Poder Ejecutivo».
En Argentina, cuyo gobierno es un aliado regional de Maduro, el jefe de gabinete Aníbal Fernández declinó opinar sobre el caso y se limitó a señalar que «son decisiones de un país soberano».
Pero Mauricio Macri, principal candidato opositor para las elecciones presidenciales de octubre y líder de la conservadora Propuesta Republicana, manifestó en Twitter su «rechazo al proceso legal y condena de Leopoldo López. Que los presidentes de Mercosur intercedan y se asegure su resguardo y libertad».
En tanto, la diputada opositora argentina Elisa Carrió consideró a la sentencia «la medida más salvaje realizada por una dictadura que viola los derechos humanos y no tolera la disidencia». En Perú, el presidente del Congreso, el opositor Luis Iberico, dijo que la condena «debe motivar la preocupación de todos los demócratas».
Y el expresidente chileno Sebastián Piñera opinó que la sentencia «refleja el profundo grado de deterioro de las libertades, la democracia, la independencia del Poder Judicial y el estado de derecho en Venezuela».
