Por: Dario Mizrahi dmizrahi@infobae.com
El ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, fue detenido a la espera de que un juez decida si plantea cargos formales en su contra
La renuncia de Otto Pérez Molina a la Presidencia de Guatemala el dos de septiembre pasado no representó una novedad en América Latina. El general retirado se convirtió en el 19º desde 1990 en incumplir el mandato para el que fue elegido.
Si se consideran sólo los que resultaron fruto de elecciones populares -no de golpes de Estado ni de interinatos constitucionales-, y que comenzaron y terminaron en el período, hubo un total de 101 mandatos en estos 25 años. Fueron interrumpidos el 18,8% de ellos.
Nueve de las salidas anticipadas se dieron por renuncia. Ninguna puede atribuirse a una sola causa, ya que se trata de fenómenos complejos. Pero en cinco de ellas se puede decir quediferentes escándalos de corrupción fueron los disparadores de las crisis de gobernabilidad.
Son los casos de Fernando Collor de Mello (1990 – 1992), en Brasil; Joaquín Balaguer (1994 – 1996), en República Dominicana; Abdalá Bucaram (1996 – 1997), en Ecuador; Alberto Fujimori (1990 – 2000), en Perú; y el propio Pérez Molina en Guatemala.
En ninguno de esos casos debe subestimarse la incidencia de la economía. «Los momentos de inestabilidad presidencial suelen estar correlacionados con momentos de debilidad económica.Cuando hay prosperidad, la opinión pública tiende a ser benevolente con los gobernantes. En cambio, en las fases recesivas, suele ser mucho más sensible a problemas de corrupción, por ejemplo», sostiene Aníbal Pérez-Liñán, profesor de ciencia política y miembro del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, consultado porInfobae.
Al menos dos de las dimisiones pueden ser imputadas fundamentalmente a una crisis económica y social que dejó sin capacidad de maniobra a los mandatarios. Ocurrió conGonzalo Sánchez de Lozada (2001 – 2003), en Bolivia; y con Fernando de la Rúa (1999 – 2001), en Argentina.
«LA INESTABILIDAD PRESIDENCIAL SUELEN ESTAR CORRELACIONADA CON LA DEBILIDAD ECONÓMICA»
«Con las reformas económicas implantadas a finales de los años 1980, hubo un deterioro de los indicadores sociales. En algunos casos, como en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, la situación llegó al punto de estimular movilizaciones sociales. Al mismo tiempo, los sistemas partidarios de esos países se deslegitimaban, bajo la percepción de algunas fuerzas políticas de que no había espacio para sus propuestas o movimientos. Esos factores estimularon sucesivos derrumbes de presidentes entre finales de los años 1990 y principios de los 2000″, explica João Botelho, profesor asociado del Área de Ciencia Política en la Universidad Federal de Goiás, Brasil, en diálogo con Infobae.
Las dos renuncias restantes fueron por motivos sui generis. Hugo Banzer (1997 – 2001) dimitió en Bolivia por problemas de salud. Y el paraguayo Raúl Cubas Grau(1998 – 1999) por el manto de sospechas que lo cubrió un magnicidio: el de su propio vicepresidente, Luis María Argaña.
El golpe de Estado, la forma habitual en la que era removido un gobierno durante gran parte del siglo XX en América Latina, pasó a un segundo plano después de los años 90. Sin embargo, hubo seis casos en este tiempo.
EL GOLPE DE ESTADO PASÓ A UN SEGUNDO PLANO DESPUÉS DE LOS AÑOS 90
Cuatro de ellos fueron golpes militares muy parecidos a los tradicionales: los que derrocaron a Jean-Bertrand Aristide (1991 – 1991), en Haití; a Jamil Mahuad (1998 – 2000), en Ecuador; nuevamente a Aristide (2001 – 2004); y a José Manuel Zelaya (2006 – 2009), en Honduras.
Los otros dos tuvieron una particularidad, el perpetrador del golpe fue el propio presidente. El de Jorge Serrano Elías (1991 – 1993), en Guatemala, fue fallido. Duró sólo una semana, al cabo de la cual fue desplazado. El que sí tuvo éxito fue Fujimori, que, tras haber ganado legítimamente las elecciones en 1990, interrumpió el orden democrático en 1992, gobernó tres años por fuera de la Constitución, y luego se presentó y ganó dos elecciones, en 1995 y 2000.
Otra forma de terminar un mandato presidencial son las destituciones constitucionales, generalmente a través de una votación en el Parlamento, o bien por decisión de la Corte Suprema de Justicia. Ocurrió en tres ocasiones. La primera fue la de Carlos Andrés Pérez (1989 – 1993), en Venezuela, ordenada por el Tribunal Superior de Justicia, e impulsada por fuertes denuncias de corrupción.
La segunda fue la de Lucio Gutiérrez (2003 – 2005), en Ecuador, que se produjo por decisión del Parlamento ante una ola de protestas desatadas por la crisis económica y social que atravesaba el país. La más reciente, la de Fernando Lugo (2008 – 2012), en Paraguay. En un clima de tensión social y política, luego de la represión a una protesta campesina que terminó con decenas de muertos, el ex obispo perdió el apoyo del partido que lo había llevado al poder, que se alió con la oposición en el Congreso para destituirlo en un juicio político express, con muchas irregularidades.
Un solo presidente murió en el poder a lo largo de estos años: Hugo Chávez. Asumió su cuarto mandato en enero de 2013, tras 14 años de gobierno ininterrumpidos, pero apenas si pudo ejercer. Por su delicado estado de salud, pasó la mayor parte del tiempo en Cuba. Falleció en marzo.
Problemas de gobernabilidad en América Latina
«Lo que pasó en Guatemala es algo a lo que la región se ha enfrentado reiteradamente. Hay un problema de expectativas respecto de lo que la democracia puede ofrecer. Con la nueva ola democratizadora se creía que íbamos a poder alcanzar una serie de logros y superar retardos, pero pasados más de 30 años, nos hemos dado cuenta de que la democracia no satisfizo las expectativas, lo que provoca un descontento creciente», explica a Infobae el politólogo Pablo Valenzuela, investigador del Instituto de Asuntos Públicos Universidad de Chile.
Estos problemas son comunes a casi todos los países, pero no tienen los mismos efectos en todos ellos. Acusaciones por corrupción y masivas protestas como las que enfrentó Pérez Molina en Guatemala no son tan diferentes a las que soporta Dilma Rousseff en Brasil. Sin embargo, ella logra mantenerse en el poder y, por el momento, no es esperable que renuncie.
«LA DEMOCRACIA NO SATISFIZO LAS EXPECTATIVAS, LO QUE PROVOCA DESCONTENTO»
«Creo que la diferencia está en la capacidad que han tenido los gobiernos para entregar ciertas prestaciones a su ciudadanía. Guatemala es un país muy pobre, con mucha delincuencia y narcotráfico. Que el presidente haya estado vinculado con una red que quitaba recursos a una nación de esas características generó un sentimiento de impotencia muy grande. El caso de Brasil es distinto, porque tiene una base política más fuerte. Además, no hay todavía un vínculo directo entre Rousseff y la corrupción, como sí había en Guatemala», dice Valenzuela.
La otra diferencia fundamental es la existencia o no de canales institucionales para manifestar los reclamos, y para encauzar las posturas contrarias a un gobierno. «Donde había canales partidarios alternativos capaces de promover en alguna medida un cambio de políticas, no se llegó a las caídas de presidentes entre finales de los años 1990 y principios de los 2000. Donde esos canales no existían o eran muy débiles, fueron las propias movilizaciones que posibilitaron el surgimiento de alternativas», afirma Botelho.
Países más o menos estables
Los gráficos muestran que, así como en Ecuador y Haití el 50% de los mandatos constitucionales no se cumplieron por la enorme inestabilidad política y social, en otros, como Colombia y Costa Rica, se completaron sin mayores dificultades las seis presidencias del período.
«En aquellos países en los que la representación política ha tendido a funcionar mejor en términos de traducir demandas sociales en mejoras concretas, las crisis de gobernabilidad son menos probables. Lo vimos en Chile durante mucho tiempo, y hoy asistimos la contracara, por las dificultades que está teniendo el gobierno (de Michelle Bachelet) para convertir esas demandas en reformas. Uruguay es la mayor excepcionalidad: salvo la crisis económica de 2002, las administraciones siempre han tenido esa capacidad», afirma Valenzuela.
«Chile y Uruguay -dice Pérez-Liñán- son países con instituciones democráticas muy fuertes, donde el presidente, a pesar de tener poderes constitucionales importantes, suele estar bastante limitado por la práctica política. En general se gobierna a través de coaliciones y la política es muy negociada».
La comparación con lo que pasa en las democracias europeas puede ser muy interesante. Allí también hay problemas de gobernabilidad y jefes de Gobierno que caen. Pero todo está muy institucionalizado, que la salida de un Primer Ministro no es vivida como un cataclismo, sino como parte de la normalidad en la vida política.
«Hay dos diferencias fundamentales. Una es puramente constitucional: la mayoría son regímenes parlamentarios, donde una crisis de gobierno forma parte del proceso político. Lo que en Paraguay fue una verdadera crisis constitucional, allí sería algo normal. Es un sistema que otorga más cintura para resolver estos problemas. En segundo lugar, son democracias más prósperas, lo que da más margen de maniobra para atender las demandas sociales, algo que ahora está cuestionado en España y Grecia», explica Pérez-Liñán.
«En América Latina tenemos todavía democracias muy jóvenes y nuevas, y falta mucho para que se avance hacia algo más que una mera democracia electoral. Es necesario representar a los ciudadanos en todo momento, lo que significa tener partidos más transparentes y abiertos, con mecanismos de democracia interna. Hay que dejar atrás el caciquismo, el clientelismo y el caudillaje, que a la larga terminan afectando la relación entre los ciudadanos y el sistema político», concluye Valenzuela.
