El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó este sábado suspender los bombardeos contra la guerrilla de las FARC e indicó que eventuales ataques aéreos contra los rebeldes sólo podrán ser autorizados por orden del primer mandatario.
«He dado la orden de suspender a partir de hoy los bombardeos aéreos contra campamentos donde haya concentración de miembros de esa organización y sólo se podrán realizar por orden del presidente de la República», dijo Santos en un evento de la Armada Nacional en la ciudad de Cartagena (norte).
El gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), que iniciaron un cese al fuego unilateral el pasado lunes, mantienen conversaciones de paz desde noviembre de 2012 en Cuba.
El presidente indicó que eventuales bombardeos sólo «se harán efectivos si están lejos de los cascos urbanos, si no es una amenaza contra la fuerza pública».
«Hemos acordado ir desescalando el conflicto. ¿Eso qué significa? Menos muertes, menos sufrimiento, menos víctimas», añadió.
El 10 de marzo el mandatario había ordenado un cese de bombardeos contra las FARC, que, sin embargo, fue levantado en abril luego que la guerrilla diera muerte a 11 militares en un ataque en el sur del país, lo que causó una aguda crisis en las conversaciones que se sostienen en La Habana.
Como consecuencia del reinicio de los bombardeos, 26 rebeldes murieron en ofensivas del gobierno en mayo y las FARC arreciaron sus ataques contra patrullas oficiales e infraestructura petrolera y eléctrica en todo el país.
Sin embargo, con la entrega a una comisión humanitaria el pasado domingo de un oficial del ejército que había caído en poder de los guerrilleros y el reciente anuncio de la tregua por parte de las FARC, se reactivó la posibilidad de detener la espiral de violencia en Colombia.
Pese a ello, el equilibrio para lograr la paz sigue siendo frágil. La guerrilla advirtió que «ninguna unidad de las FARC-EP está obligada a dejarse golpear por fuerzas enemigas y tendrá todo el derecho al ejercicio de su legítima defensa en caso de ataque».
En respuesta, Santos, quien dio cuatro meses de plazo para decidir si sigue negociando con la guerrilla, se comprometió a acompañar la tregua guerrillera con un «desescalamiento» de sus ofensivas militares, hasta acordar el cese bilateral de fuego, que tendrá que ser verificado por la ONU y Uruguay, país que ejerce la presidencia pro-témpore de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
La FARC han solicitado reiteradamente un cese bilateral del fuego, pero el gobierno se niega a ello ante la posibilidad que los rebeldes lo utilicen para fortalecerse.
Las partes han consensuado hasta ahora tres de los seis puntos de la agenda de negociación y han acordado además un programa de desminado, que comenzó a ser aplicado este mes, así como la creación de una Comisión de la Verdad.
El conflicto armado colombiano, el último en América, ha dejado en medio siglo 220.000 muertos y seis millones de desplazados, según cifras oficiales.
