La secretaría de Defensa de México reconoció este lunes que un grupo de militares podría haber participado en la desaparición a inicios de mes de siete jóvenes cuyos cadáveres fueron hallados posteriormente, en un contexto de críticas contra las Fuerzas Armadas por presuntos abusos de poder.
La fiscalía general de justicia militar «identificó indicios de una probable participación de personal militar» en relación «con los hechos relativos a la desaparición de siete personas el 7 de julio de 2015, en Calera, Zacatecas (norte)», admitió la secretaría (ministerio) en un comunicado.
Sin embargo, la dependencia no precisó si los uniformados habrían tenido algo que ver con la muerte de los jóvenes ni tampoco especificó cuántos elementos son investigados.
La fiscalía «continuará con la investigación a fin de determinar respecto a la infracción de la disciplina militar y en su caso, proceder a la consignación correspondiente ante los tribunales militares», agrega el ministerio.
Los familiares de los siete jóvenes, dos mujeres y cinco hombres, han asegurado que los chicos fueron detenidos por soldados el 7 de julio en una vivienda del municipio de Calera, a unos 620 km de la capital mexicana.
Los cuerpos fueron hallados 11 días después en el vecino municipio de Jerez y, según las denuncias de las familias, presentaban huellas de tortura y el llamado «tiro de gracia».
En otro caso, miembros de un grupo miliciano de autodefensa del municipio de Aquila (Michoacán, oeste) acusaron el domingo a militares de atacar a civiles que protestaban por la detención del líder de esa milicia local, dejando un niño de 12 años muerto.
– Presidente cierra filas con Ejército –
Pese a este contexto, el presidente Enrique Peña Nieto defendió este lunes a sus Fuerzas Armadas, calificándolas de «baluarte y fortaleza de las instituciones democráticas».
Durante un evento público en Guerrero (sur), el mandatario recalcó: «Por más que a veces algunos se empeñen por manchar el esfuerzo» del Ejército y la Marina Armada, es de reconocer que trabajan «todos los días con esmero, con sacrificio, con dedicación».
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió comitivas a Zacatecas y Michoacán para «recabar evidencias» con el fin de realizar sendas investigaciones.
– Los escándalos se acumulan –
Estos dos casos se suman al proceso en curso contra siete militares por las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas el 30 de junio de 2014 en la comunidad de Tlatlaya (centro), un incidente que despertó indignación entre ONG internacionales.
Esa noche, 22 presuntos secuestradores murieron a manos de militares. El Ejército informó en un primer momento que todos fallecieron en una balacera pero, tras el testimonio público de una sobreviviente, se conoció que parte de ellos fueron ejecutados después de rendirse.
De los siete militares investigados por el caso Tlatlaya, sólo tres enfrentan cargos en la fiscalía por el homicidio calificado de ocho personas. Sin embargo, la CNDH concluyó que los uniformados ejecutaron a entre 12 y 15 de los 22 muertos.
Otro caso que puso a las fuerzas federales en el ojo del huracán fue el ocurrido en mayo en un rancho de Tanhuato, también en Michoacán.
Según las autoridades, los uniformados se enfrentaron con miembros del cártel Jalisco Nueva Generación dejando 42 presuntos narcotraficantes y un policía muertos.
Pero ante este desigual saldo, que incluyó solo tres detenidos, surgieron sospechas de que algunos de los civiles pudieron haber sido ejecutados extrajudicialmente.
El Ejército mexicano fue desplegado en 2006 en buena parte del territorio mexicano para combatir a los poderosos cárteles de la droga. Desde entonces han muerto más de 80.000 personas y 23.000 más han desaparecido en el marco de las pugnas entre narcotraficantes y la lucha contra el crimen organizado.
