El Gobierno de Puerto Rico mostró ayer su “decepción” ante la declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal federal de Apelaciones, de la ley con la que se quería dar viabilidad a la quiebra de las empresas públicas de la isla, una decisión que estudia recurrir ante el Tribunal Supremo de EE.UU.
“Esta decisión es lamentable y decepcionante”, dijo hoy el gobernador Alejandro García Padilla, ya que “priva a Puerto Rico de una herramienta legal para manejar ordenadamente las obligaciones de sus corporaciones e instrumentalidades públicas”. Esta ley, conocida a nivel local como “quiebra criolla”, estaba diseñada para que las empresas públicas de la isla pudieran declararse en bancarrota, pero la Justicia federal considera que Puerto Rico no tiene jurisdicción para impulsar tal medida, ya que ya existe la Ley federal de Quiebras.
Sin embargo, en esta ley Puerto Rico no está considerado como un estado más y no se le permite que sus empresas públicas se acojan a la protección de su Capítulo 9.
La decisión de Tribunal de Boston, emitida el lunes, “no concede ninguna alternativa jurídica para enfrentar la situación”, lo que sitúa a la isla en un callejón sin salida, según el Gobierno, cuyos abogados “están evaluando” las alternativas.
Mientras, el gobernador instó “a todos los puertorriqueños a permanecer unidos en un solo propósito: Vamos a exigirle a Washington un trato justo para Puerto Rico, más allá de partidos o grupos.
Es importante hablar con una sola voz para lograr acción de Casa Blanca y del Congreso”.
Por su parte, el secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, reconoció ayer también su “decepción” ante una decisión que “deja a los puertorriqueños desprovistos de un proceso ordenado para renegociar las deudas de las corporaciones públicas”.
